CARACAS, 07 Dic. 16 (ACI).-
La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), repudió el asesinato de 12 jóvenes cuyos cadáveres fueron encontrados en una fosa común en la localidad de Barlovento, estado de Miranda; víctimas de las denominadas Operaciones para la Liberación y Protección del Pueblo (OLP), formadas por policías y agentes del gobierno.
Localizan cadáveres de 12 personas en fosas comunes tras OLP en Barlovento – https://t.co/uFLiW0q2u5 pic.twitter.com/9GZWWExfs5
— Daniel Ríos Mendoza (@Daniel_RiosVE) 28 de noviembre de 2016
El 28 de noviembre fueron encontrados en una fosa común en Barlovento los cuerpos de 12 jóvenes que estaban desaparecidos desde el 15 de octubre luego fueran intervenidos por miembros de las OLP, cuerpos creados en julio de 2015, según el Presidente Nicolás Maduro, para combatir la delincuencia.
Sin embargo, la ONG de derechos humanos PROVEA denunció que desde su aparición las OLP están involucradas en más de 750 muertes extrajudiciales.
En un comunicado publicado ayer, la Comisión de Justicia y Paz del Episcopado expresó su “profundo dolor ante los hechos ocurridos en la región de Barlovento” y señaló que se tratan de “actos punibles, como consecuencia de las denominadas Operaciones para la liberación y Protección del Pueblo (OLP)”.
En ese sentido, los obispos repudiaron la manera “indiscriminada” en que se llevan a cabo las OLP, “y en los cuales las autoridades del estado no han cumplido sus deberes de prevenir violaciones a los derechos humanos” que se han cometido “en todo el territorio nacional”.
Además criticaron “la actitud soberbia y sorda de las autoridades del Estado” que se “niegan a acatar la jurisprudencia internacional”, así como las recomendaciones de las ONG “para el respeto y la garantía” de todos los derechos humanos. Asimismo, denunciaron el “lenguaje belicista, agresivo y discriminador” que justifica la negación de la dignidad humana “y legitima la práctica permanente de la violencia como medio para la solución de los problemas que afectan a la sociedad”.
Por ello, exigieron a las poderes públicos poner “en vigencia efectiva normas legales y sublegales que desarrollen la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada de personas”.
Además alentaron a los católicos y personas de buena voluntad a ser “defensores y cultores de la vida humana en todas sus etapas; no haciéndose partícipes ni colaboradores de acciones que atenten contra el derecho a la vida, cumpliendo así con sus deberes como cristianos y ciudadanos que construyen y trabajan por la paz”; así como rechazar todo lenguaje que legitime “la violencia y de la contracultura de la muerte”.
Finalmente, expresaron su solidaridad “a los familiares de los 12 jóvenes asesinados, por quienes oramos insistentemente a Dios, para que les de fortaleza y consuelo en estos momentos de dolor y que permita una Justicia pronta y efectiva., que no dé lugar a la impunidad”.
Por su parte el Ministerio Público informó este 7 de diciembre que imputará al mayor Luis Eduardo Romero Arcia y al capitán Daniel Contreras Primera, ambos del Ejército Bolivariano, por presunta responsabilidad en las torturas y posterior muerte de las 12 personas.
Con ambos ya suman 12 los efectivos militares que estarían implicados en este asesinato.
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— ACI Prensa (@aciprensa) 15 de enero de 2016