El principio de “discriminación” en la teoría de la guerra justa se refiere a la importancia de distinguir entre combatientes legítimos y no combatientes, y de dirigir los ataques y la violencia únicamente hacia objetivos militares legítimos. Este principio busca proteger a los no combatientes y minimizar los daños y las víctimas civiles durante un conflicto armado.
Algunos aspectos clave relacionados con el principio de discriminación son:
1. Distinción entre combatientes y no combatientes: Se debe hacer una clara distinción entre los combatientes legítimos y los no combatientes, como la población civil, los heridos, los prisioneros de guerra y los trabajadores humanitarios. Los ataques y las acciones militares deben dirigirse exclusivamente hacia los combatientes enemigos y los objetivos militares, evitando causar daños innecesarios a los no combatientes.
2. Evitar daños colaterales: Se deben tomar todas las precauciones razonables para minimizar los daños colaterales y proteger a los no combatientes durante un conflicto. Los ataques deben ser dirigidos y proporcionales, evitando causar daños indiscriminados a la población civil, las infraestructuras civiles y los bienes culturales.
3. Prohibición de métodos y armas indiscriminadas: Se debe evitar el uso de métodos y armas que sean inherentemente indiscriminados o que causen un sufrimiento excesivo a los no combatientes. Esto incluye el uso de armas químicas, biológicas o nucleares, así como el uso de tácticas que causen daño desproporcionado a los civiles.
4. Responsabilidad por daños a los no combatientes: Se debe asumir la responsabilidad por los daños y las víctimas civiles que se produzcan durante un conflicto. Se deben llevar a cabo investigaciones transparentes y se deben tomar medidas para compensar a las víctimas y prevenir futuros daños colaterales.
La discriminación es un principio fundamental en el derecho internacional humanitario y en la ética de la guerra. Su objetivo es proteger a los no combatientes y garantizar que los enfrentamientos armados se lleven a cabo con un respeto por la dignidad humana y los derechos fundamentales. La aplicación de este principio requiere un esfuerzo constante para evitar daños innecesarios a los civiles y para asegurar que los ataques sean dirigidos y proporcionales en relación con los objetivos militares legítimos.